El 20 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Pensilvania dictó la decisión de compensación de trabajadores más importante en años, si no décadas. La reciente sentencia debería garantizar que miles de trabajadores lesionados en toda la Commonwealth sigan recibiendo las prestaciones necesarias en consonancia con el verdadero alcance y la duración de sus lesiones.
Pond Lehocky Stern Giordano y otras personas involucradas en la lucha continua para proteger los derechos de los trabajadores han estado esperando el fallo del Tribunal Supremo de Pensilvania con mucha anticipación, desde que el caso se decidió por primera vez en el Tribunal de la Commonwealth en septiembre de 2015. El caso se refiere a Mary Ann Protz, a quien se le cambió el estado de incapacidad de total a parcial y se le limitaron las prestaciones de indemnización por accidente de trabajo como consecuencia de ello, a pesar de que su lesión laboral seguía persistiendo.
Esta nueva sentencia judicial ayudará a muchas personas gravemente lesionadas como la Sra. Protz, al impedir la supresión prematura, la limitación o el tope automático de sus prestaciones de indemnización por accidente de trabajo. Anteriormente, según la ley, cuando un trabajador lesionado llevaba dos años recibiendo prestaciones de indemnización por accidente de trabajo, la compañía de seguros podía obligarle a someterse a una Evaluación de la Calificación del Deterioro (IRE). Un médico de IRE utilizaría entonces las directrices de la Asociación Médica Americana (AMA) para determinar si el trabajador estaba incapacitado en más o en menos del 50 por ciento. Si el médico concluye que el trabajador lesionado está incapacitado en menos del 50 %, las prestaciones del trabajador lesionado se limitarán a 500 semanas.
Los médicos habían estado utilizando la 6ª edición de las directrices de la AMA para las evaluaciones. En septiembre de 2015, el Tribunal de la Commonwealth determinó que el uso de la 6ª edición era inconstitucional porque las directrices fueron desarrolladas por una empresa privada (la AMA), no por una agencia estatal, y porque no había habido una revisión significativa del estatuto en cuestión en casi dos décadas. Es una violación de la Constitución de Pensilvania dar a una empresa privada la autoridad para determinar cómo se evalúa a los trabajadores lesionados en virtud de la ley sin ninguna supervisión del gobierno. Desde esa determinación, Pond Lehocky Stern Giordano ha defendido agresivamente a sus clientes para que no sean obligados a asistir a IREs ilegales.
Ahora, el Tribunal Supremo de Pensilvania ha confirmado la determinación del Tribunal de la Commonwealth de que los IRE son inconstitucionales y ya no pueden utilizarse para perjudicar a los trabajadores lesionados mediante el cambio automático de su situación de incapacidad. El Tribunal Supremo consideró que basarse en las directrices publicadas por la AMA para determinar la incapacidad permanente otorga una autoridad «amplia y desenfrenada» a una entidad privada que carece de toda responsabilidad o rendición de cuentas ante el interés público y la mejora de los ciudadanos de Pensilvania que se lesionan en el trabajo.
Gracias a esta decisión, ya no hay base en la ley para que las compañías de seguros busquen cambios automáticos en el estado de incapacidad de un trabajador lesionado. Deben pasar por los procesos habituales, presentar pruebas y demostrar su caso. Esta sentencia indica un cambio a favor de los trabajadores lesionados y ayuda a igualar las condiciones en un área de la ley donde los derechos de los trabajadores lesionados han sido cada vez más atacados en favor de los beneficios de las compañías de seguros.
