Incapacidad a corto y largo plazo

Adquirir pólizas de seguro de incapacidad a corto y largo plazo es una decisión inteligente que protege a los empleados de la pérdida de salario en caso de que una condición médica impida su capacidad de trabajo. Estas pólizas las ofrecen a veces las empresas, pero también pueden adquirirse de forma privada.

Las pólizas de seguro de incapacidad a corto y largo plazo se pagan a través de una deducción en la nómina o directamente mediante el pago de primas y permiten al asegurado seguir recibiendo una parte de su salario mientras está incapacitado.

Las pólizas proporcionadas por el empleador pueden estar regidas por la Ley federal de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA), que tiene normas estrictas y complejas sobre cómo y cuándo presentar una reclamación o apelar la denegación de una. Las pólizas adquiridas de forma privada no están sujetas a ERISA; se administran de acuerdo con los términos contractuales de la póliza.

Al igual que las solicitudes de incapacidad de la Seguridad Social, el solicitante debe demostrar que está incapacitado médicamente para desempeñar su trabajo, pero la norma para hacerlo suele ser más fácil de cumplir para el seguro de incapacidad a corto y largo plazo. El demandante sólo tiene que demostrar que no puede ejercer su profesión habitual y que la edad no es un factor. Por el contrario, la Administración de la Seguridad Social exige a los solicitantes más jóvenes un nivel de exigencia más estricto que a los mayores.

Las pólizas difieren, pero la mayoría exige un periodo de espera de seis meses antes de que comiencen los pagos por incapacidad de larga duración, y la mayoría proporciona pagos hasta que el demandante cumpla los 65 años.

Sin embargo, en cualquier momento hasta ese momento, la compañía de seguros puede solicitar una revisión del siniestro para evaluar si la incapacidad ha cambiado o ha disminuido su gravedad. Si sus expertos médicos determinan que es así, denegarán inmediatamente la reclamación y suspenderán los pagos, a menos que el reclamante demande con éxito para anular esa determinación.

La definición de «discapacitado» se establecerá en la póliza de seguro, pero por lo general las pólizas la definen como la imposibilidad de realizar una ocupación habitual.

Los administradores de siniestros pueden estar contratados por la compañía de seguros y muchos de ellos deniegan las primeras reclamaciones aunque estén justificadas. Las razones que se dan para denegar una reclamación incluyen (pero no se limitan a):

• Pruebas médicas insuficientes (como la falta de tratamiento médico regular, registros adecuados o la declaración de un médico)
• Incumplimiento de la definición de discapacidad de la póliza
• Videovigilancia de la compañía de seguros que entra en conflicto con la reclamación
• Incumplimiento de los plazos de solicitud

Los asegurados tienen derecho a apelar una reclamación denegada y cualquier determinación que se haya tomado en esa denegación. Sin embargo, hay plazos estrictos para presentar los recursos. En virtud de ERISA y de muchas pólizas privadas, el recurso debe presentarse normalmente en un plazo de 180 días.

Si el recurso también es denegado, el asegurado puede presentar una demanda ante un tribunal federal. En estos casos no hay derecho a un juicio con jurado; un juez federal revisará la base de la decisión de la compañía de seguros, así como los dictámenes médicos de los expertos y la información presentada por el asegurado para rebatirla. El juez decidirá si había una base racional para denegar la reclamación o no.

El proceso de reclamación inicial del seguro de incapacidad a corto y largo plazo, las posibles apelaciones y los juicios federales son empresas delicadas, complejas y desafiantes, especialmente para una persona que ya sufre un revés médico. Las compañías de seguros son organizaciones bien dotadas de recursos que defienden enérgicamente sus intereses económicos.

Los asegurados necesitan un apoyo jurídico igualmente capaz frente a estos obstáculos. Pond Lehocky ayuda a los reclamantes de incapacidad a corto y largo plazo a construir su caso obteniendo toda la información médica necesaria y las opiniones de los expertos.

Además, la orientación jurídica profesional puede ayudar a los asegurados si sus prestaciones se dan por terminadas erróneamente, si su reclamación se retrasa sin causa, o si recibieron una indemnización que no se corresponde con el nivel de incapacidad o es injustamente baja.

La mayoría de las pólizas de seguro de incapacidad a corto y largo plazo estipulan que la compañía de seguros tiene derecho a compensar los pagos a los reclamantes que han sido aceptados si la persona recibe ingresos de otras fuentes determinadas, entre ellas:

• Prestaciones de invalidez de la Seguridad Social para el asegurado y sus dependientes
• Prestaciones de compensación a los trabajadores
• Prestaciones de desempleo
• Algunas pensiones y/o distribuciones de 401K

Pond Lehocky Giordano sólo acepta casos de incapacidad a corto y largo plazo sobre una base de contingencia. Esto significa que los titulares de las pólizas de seguro de invalidez sólo pagan los honorarios del abogado si se obtienen beneficios o se llega a un acuerdo. No hay costes ni tasas iniciales, y Pond Lehocky paga toda la información médica, los honorarios de los expertos y las costas judiciales.